El proyecto de ley del Ministerio de Justicia, que crea un Estatuto de Protección al Denunciante, fue despachado al Senado para avanzar en su tramitación. En detalle, la iniciativa protege a cualquier persona que quiera denunciar hechos de corrupción que se cometan en el Estado.
El proyecto, que fue aprobado de forma unánime por la Cámara de Diputadas y Diputados, contempla que el denunciante no sea objeto de suspensión del empleo o destitución, término anticipado de su designación o contrato; o ser trasladado de localidad.
Crea un canal de denuncias administrado por la Contraloría, mediante una plataforma electrónica, a efectos de que toda persona pueda denunciar hechos constitutivos de infracciones disciplinarias o de faltas administrativas incluyendo, entre otros, hechos constitutivos de corrupción o que afecten, o pudiesen afectar, bienes o recursos públicos