Con el objeto de resguardar la integridad, dignidad y privacidad de las personas al momento de recibir un beneficio estatal, el Consejo Regional de Los Ríos aprobó un protocolo para la entrega de los diversos beneficios sociales, en el contexto de la crisis sanitaria que afecta a nuestro país por el COVID-19.
La medida busca evitar la exposición, a través de fotografías con las autoridades u otros actos públicos que pudieran afectar la integridad de las personas, que actualmente se han visto perjudicadas por la crisis.
Así lo explicó el Consejero Regional Luis Cuvertino, "este es un acuerdo transversal del CORE, que en algún minuto lo conversamos con el señor Intendente, ya que a nivel nacional se ve un lamentable abuso en la entrega de la ayuda, una tentación al proselitismo político, a tener visibilidad frente al dolor de la gente, faltándole el respeto a la dignidad de las personas; el espíritu central es llamar a la responsabilidad de las autoridades; reconocemos el derecho que puede tener el gobierno de hacer los puntos comunicacionales necesarios cuando hay una política pública, está dentro de nuestro protocolo, sin embargo, indicamos esta suerte de sugerencia ética para un comportamiento político adecuado hacia la comunidad regional".
En la misma línea, el Consejero Regional Ariel Muñoz afirmó que, "el espíritu original de estos recursos, cuando fueron comprados estos insumos de primera necesidad para los habitantes de la Región de Los Ríos, se pensaron justamente en la dignidad, en la privacidad, con la idea que ellos pudieran recibir algo sin ningún prejuicio. Es por eso que hemos hecho este acuerdo transversal entre las dos bancadas políticas del Consejo Regional, para poder dar dignidad en las entregas, eso es lo que buscamos a través de nuestras autoridades regionales, que esperamos lo tomen de la mejor manera, para que de esta forma la gente pueda recibir como corresponde sus insumos porque a nuestro juicio, con la dignidad de las personas no se juega".
El protocolo establece las siguientes medidas:
1.- Todo inicio de una política pública de ayuda, podrá partir con un hito comunicacional, donde las autoridades directamente involucradas informan, dan cuenta, muestran y condicionan el tipo de ayuda y la forma que se entregará. Este deberá ser una actividad acotada, donde participen las máximas autoridades regionales.
2.- La distribución será entregada por funcionarios de las distintas reparticiones públicas involucradas y/o con voluntarios y voluntarias cooperantes de instituciones sociales o comunitarias: Bomberos, Cruz Roja, Junta de Vecinos, Iglesias, Organizaciones Comunitarias, etc.
3.- En la entrega directa a los beneficiarios no se tomarán fotografías personalizadas, solo planos generales, que den cuenta de la actividad.
4.- Toda ayuda deberá registrarse y quedar identificada la persona que recibe, especialmente con su Rut, con el fin de ejercer un control que evite la duplicidad de ellas.