El diputado Bernardo Berger, miembro de la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, junto a la bancada de Renovación Nacional (RN), exigieron reformas urgentes para garantizar la imparcialidad en el funcionamiento de esta instancia. La solicitud de cambios fue presentada a la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola, luego de que un informe detallado revelara graves falencias en la aplicación de sanciones por parte de la Comisión.
El informe, elaborado por la bancada de RN, evidencia un sesgo significativo en las resoluciones de la Comisión de Ética. Según el análisis, en 2024, un 71% de las sanciones relacionadas con la libertad de expresión fueron dirigidas a diputados de la oposición, mientras que el 80% de los casos de infracción al reglamento de drogas, cometidos por parlamentarios oficialistas, no fueron sancionados.
El diputado Berger, quien forma parte de la comisión, fue enfático al señalar que la situación mina la credibilidad de la Cámara y afecta el pluralismo en el debate parlamentario. "Es inaceptable que la Comisión de Ética, cuya función debería ser garantizar la transparencia y la probidad, se utilice como una herramienta para castigar a la oposición mientras se ignoran faltas cometidas por diputados oficialistas", aseguró.
En junio de este año, la bancada de RN ya había advertido a la Presidenta de la Cámara sobre estos problemas a través de una carta. En ella, manifestaban que la Comisión se había convertido en una "instancia de censura contra la oposición", lo cual, según los legisladores, atenta contra la libertad de expresión y la integridad del debate democrático.
Ximena Ossandón, jefa de la bancada RN, subrayó la gravedad del problema: "Hoy, la Comisión de Ética no tiene la legitimidad que necesita. El oficialismo ha aprovechado su mayoría para sancionar de manera desproporcionada a la oposición y proteger a sus propios miembros. Es imperativo reformar este sistema para garantizar un trato justo a todos los parlamentarios".
La bancada RN propone una reforma estructural que busca la creación de un Comité de Ética compuesto por expertos externos a la Cámara, incluidos excontralores y exconsejeros del Consejo de Defensa del Estado, para asegurar una evaluación imparcial.